Macario Lozano R.
Los partidos políticos, organizaciones empresariales e intelectuales insisten en que deben construirse contrapesos legislativos al Poder Ejecutivo Federal, para evitar abusos y excesos en el ejercicio del poder. Claro, sin detallar cuáles han sido o son esos abusos y excesos que consideran deben evitarse o les resultan nocivos.
Pero no solo eso llama la atención, sino también el que no propongan lo mismo para las entidades federativa, donde los gobernadores se comportan como virreyes y tienen subordinados a los poderes Legislativo y Judicial; además, no rinden cuentas sobre el gasto, ni hay fiscalización verdadera. En la práctica, los ejecutivos estatales hacen y deshacen las leyes (el ejemplo dado por Eruviel cuando era gobernador en el Edomex es de lo más ilustrativo: en la práctica convirtió a la Cámara en oficialía de partes para sus propuestas de leyes), y tienen subordinado al poder judicial, nombrando por principio a los titulares de ese poder autónomo constitucionalmente, por más que se simulen procesos democráticos.
Esa omisión indica que más bien no les importa la división de poderes, sino recuperar los privilegios ilegítimos y, en algunos casos, abiertamente ilícitos, que tuvieron especialmente en los primeros 18 años de este siglo, como la venta de bienes y servicios y contratos de obras públicas con sobreprecios.
Todos esos actores están involucrados de lleno en el proceso electoral del próximo año, y están apostándolo todo por frustrar el camino de la 4T, pero para ello necesitan arrebatarle a Morena y al presidente los poderes legislativos federal y estatales, en ello también se la juegan los gobernadores de oposición, quienes son los más interesados en mantener sus feudos sometidos.
