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El_Espectador_27_Agosto_2012_N367
El Espectador
Portada
ALIENTA A CRIMEN ORGANIZADO
DEMANDA DE MADERA EN ZMCM
La fuerte demanda de madera en la Zona Metropolitana de la Ciudad de México (ZMCM), habitada por 20 millones de personas, representa el principal estímulo para la depredación de los bosques mexiquenses por parte de la delincuencia organizada ambiental, asociada y complementada con otro tipo de delitos igualmente graves.
Esto es particularmente notorio en Huitzilac, población morelense convertida en un gigantesco centro de transformación y almacenamiento de productos de madera ilegal, sostienen Alejandro Angulo Carrera y Miguel Martínez Tapia en su libro “La Guerra por el Bosque”.
En dicho poblado, el tratamiento y almacenamiento de madera proveniente de la tala clandestina e irracional “convergen y se asocian con otros delitos, tales como el tráfico de drogas, el secuestro y robo de vehículo”, destacan los ex funcionarios de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) en el Estado de México.
No obstante esta realidad, la delincuencia ambiental -ordenada, con estructura y jerarquía bien definidas- no está tipificada como delincuencia organizada en las leyes, aunque ocasiona daños terribles al patrimonio natural.
Angulo Carrera y Martínez Tapia subrayan que los delitos ambientales son perpetrados por grupos organizados para operar permanentemente en la ilegalidad, “haciendo uso de la violencia, coerción y corrupción del aparato burocrático…
TENDRÁ EL ESTADO 17 MILLONES DE
HABITANTES EN 2017; 90% URBANOS
El Estado de México mantiene el ritmo de urbanización de sus habitantes. El fenómeno es incontenible, y por ello “se hace indispensable generar las condiciones para vivir mejor en las ciudades”, se destacó durante la firma del convenio ONU-Hábitat con el gobierno estatal.
La población mexiquense alcanzará los 17 millones de habitantes en el 2017; es decir, dentro de cinco años. Al mismo tiempo crecerá la porción de quienes viven en ciudades, con la consiguiente baja de pobladores en zonas rurales.
Fernando Alberto García Cuevas, secretario de Desarrollo Metropolitano, dio a conocer las proyecciones del crecimiento demográfico del Estado de México y el asentamiento del mismo en las zonas urbanas…
Editorial
TALA CLANDESTINA TAMBIÉN
SE EXPLICA POR CORRUPCIÓN
Pocos, muy pocos servidores y ex servidores públicos de cierta (alta) jerarquía, de cualquier partido y de los gobiernos federal, estatal y municipal, podrían explicar el origen lícito de sus fortunas. Sus ingresos legales no pueden permitirles acumular sus propiedades, y a pesar de ello no han tenido problemas legales -exceptuando a Tomás Yarrington, ex gobernador de Tamaulipas, y a Néstor Moreno de la CFE-, porque en el país y los estados la fiscalización ha sido prácticamente nula.
Esta realidad la prueban aquí el caso del ex gobernador Arturo Montiel Rojas y otros ex servidores enriquecidos varias veces más de lo que les permitían sus percepciones oficiales y capacidad de ahorro. Y así, los casos se multiplican por todo el territorio nacional, generando la inconformidad de millones de mexicanos esforzados, quienes lejos de construir fortunas, acumulan deudas.
Montiel Rojas, según los resultados de revisiones de autoridades federales, en un año erogó más de 500 millones de pesos en servicios personales al margen de las nóminas autorizadas, aplicó sin autorización del Poder Legislativo, como estaba obligado, cuantiosos fondos provenientes de los excedentes de los precios del petróleo vendido al exterior, y cuya renta se distribuyó a estados y municipios.
Además, no cubrió a tiempo adeudos con proveedores y contratistas, incluso no entregó a la Secretaría de Hacienda impuestos retenidos a cerca de 200 mil servidores públicos, sin que las instituciones fiscalizadoras locales y …
COORDENADAS POLÍTICAS
MACARIO LOZANO R.
FIN DE UN SEXENIO DESPERDICIADO EN MUCHOS TEMAS
DE GRAN IMPORTANCIA PARA EL PAÍS Y LOS MEXICANOS
El presidente Felipe Calderón rendirá su último informe el día primero del próximo mes, y el 30 de noviembre finalizará su período de seis años. Poco, casi nada cambiará de aquí a esas dos fechas, como tampoco podrá modificarse en estos plazos la opinión y juicios sobre el desempeño de la segunda presidencia de la República panista.
Más allá de la ausencia de autocrítica y abundancia de autocomplacencia, y al margen de filias y fobias originadas por diversas razones y fines, hay datos duros, irrebatibles relacionados con las grandes fallas de la administración calderonista; sobre todo, de las consecuencias de esas limitaciones, omisiones y erróneas acciones gubernamentales en las condiciones de vida de la población y el propio destino de la nación.
No pueden desconocerse, ni minimizarse los avances importantes obtenidos por el Poder Ejecutivo Federal en estos 5 años y cerca de 10 meses, reflejados en los macroindicadores del país: la baja inflación, las tasas de interés moderadas, el reducido déficit presupuestal, las altas reservas internacionales y la aceptable paridad del peso-dólar, además de obras de infraestructuras de diversa naturaleza.
No obstante, los planes, programas y acciones de la administración federal no se tradujeron en bienestar para las familias mexicanas. El ofrecido presidente del empleo bien remunerado no apareció por ningún lado; al contrario, la desocupación creció como nunca. No se atendió la demanda agregada de puesto de trabajo y mucho menos se abatió el rezago histórico en la materia.
La pobreza se extendió y los programas sociales nada más paliaron sus efectos más perniciosos, pero no atacaron las causas de ese empobrecimiento del 60 por ciento de los mexicanos, de los cuales cerca de 20 millones llegarán al fin del sexenio sin los ingresos suficientes para adquirir los alimentos indispensable para una saludable nutrición de los miembros de sus familias.
No sólo creció la pobreza, sino también la concentración de la riqueza, precisamente por el modelo de crecimiento económico inconveniente para la mayoría, situación delicada y riesgosa, porque una sociedad con grandes contrastes económicos y sociales difícilmente puede mantener la estabilidad y paz sociales y mucho menos la gobernabilidad en el largo plazo.
El otro gran déficit del gobierno del presidente Calderón es la inseguridad pública, si bien en este problema comparten responsabilidad los gobiernos estatales y municipales. Ahora hay mayor inseguridad y es más grande también la percepción ciudadana sobre el fenómeno que en noviembre de l 2006. Hay menos confianza para salir por las noches y el temor de ser víctima del delito es casi generalizado en todo el territorio nacional.
En el plano administrativo, Calderón convirtió a México en un país rentista. Ahora el gobierno financia cerca del 40 por ciento de su presupuesto con los ingresos generados por la venta del crudo, en una situación muy comprometida y riesgosa para el futuro de las instituciones, porque el petróleo no será eterno. Los abusos en la fijación de sueldos a la alta burocracia es otra cara del mismo problema.
Otro de los errores en la política general del régimen calderonista fue su propensión a favorecer a los poderes fácticos, de lo que la mejor prueba es la entreguista política de telecomunicaciones, y la condonación de 74 mil millones de pesos de impuestos a grandes empresarios en el 2007. Y esta situación no cambiará de aquí al 30 de noviembre.
Interiores
Solventará ISSEMYM su déficit presupuestal con las reservas financieras Pg. 3
Las fuerzas de seguridad no han podido preservar bien el estado de derecho Pg. 5
Especulación pura fue lo que elevó el precio del huevo, alimento popular Pg. 11
