*Pide investigar la impunidad propia y de colaboradores que se procuró en la ley.
(Primera Parte)
El exgobernador Eruviel Ávila Villegas llegará al Senado de la República con una demanda penal en su contra, presentada por la Asociación Nacional Anticorrupción ante la Procuraduría General de la República (PGR), por la presunta impunidad promovida en su favor en la legislación del Sistema Anticorrupción estatal.
Dirigentes de la organización no gubernamental formalizaron su denuncia e insistieron en que la expedición de la Ley de la materia y las modificaciones a otras normas, especialmente al Código Penal mexiquense, crearon un marco jurídico de protección e impunidad de quienes hayan cometido diversas modalidades del delitos de corrupción hasta el 30 de mayo de 2017 y años anteriores. Además, un gobernante no puede legislar en su provecho, como lo hizo Ávila Villegas. Es ilegal, destaca la denuncia.
Aun cuando él o lo suyos hayan incurrido en los ilícitos de cohecho, incumplimiento, ejercicio indebido y abandono de funciones públicas, coalición de servidores públicos, abuso de autoridad, tráfico de influencia, concusión, peculado, enriquecimiento ilícito y delitos cometidos por los servidores públicos de la procuración y administración de justicia, no serán castigados, porque fueron derogados.
Los entrevistados explicaron que esos ilícitos fueron incluidos en el nuevo catálogo de delitos de corrupción, al cual se añadieron los de uso ilícito de atribuciones y facultades, ejercicio abusivo de funciones e intimidación, pero entraron en vigor a partir del 31 de mayo de 2017, y no pueden aplicarse en forma retroactiva. Los vigentes hasta mayo 30 de ese mes y año fueron derogados y no pueden aplicarse.
Son vigentes para los casos de corrupción denunciados y judicializados. El problema para los intereses de los mexiquenses es que no hay denuncias penales contra presuntos corruptos. El exgobernador, sus colaboradores, funcionarios de los poderes Legislativo y Judicial, de organismos auxiliares, de órganos autónomos y de municipales de elección popular y de designación no tiene autos de vinculación a proceso. Y no se les puede acusar.
Las leyes expedidas o reformadas para darle vida al Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios les garantizaron impunidad a todos. No podrán ser castigados por los delitos cometidos desde el 30 de mayo del año pasado para atrás. Por ello la Asociación Nacional Anticorrupción formalizó la denuncia contra el exmandatario y senador de la República plurinominal. No obstante, éste adquirió fuero constitucional, una especie de protección adicional a la que según la ONG, se procuró en las leyes mexiquenses.
La creación del marco jurídico del Sistema Anticorrupción requirió de la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado, la Ley de Responsabilidades Administrativas, la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa, y reformas, adiciones y derogaciones a La Ley de la Fiscalía General de Justicia estatal, Ley de Fiscalización Superior, Ley Orgánica de la Administración Pública y al Código Penal. (Continuará)
